Ley de procedimiento administrativo alemana
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Las peculiaridades de los procedimientos administrativos españoles a menudo desconciertan a las personas cuyos propios países no conceden a las autoridades/administraciones públicas privilegios especiales para investigar y determinar su propia responsabilidad. Aquí pretendemos ofrecer una breve visión general del sistema y señalar algunas repercusiones prácticas para las aseguradoras.
Los procedimientos administrativos no son judiciales y suelen comenzar con una acción/resolución/ley administrativa que provoca un siniestro. Algunos ejemplos comunes son las reclamaciones por negligencia médica en el sector de la sanidad pública, las órdenes de expropiación forzosa y las autorizaciones de construcción. Un perjudicado o afectado puede reclamar a la misma administración pública que ha causado el daño. También es esta misma administración la que evalúa los argumentos y dictamina sobre la responsabilidad.
(Incumplimiento de Estado – Responsabilidad de los Estados miembros por los daños causados a los particulares por las infracciones del Derecho de la Unión – Infracción del Derecho de la Unión imputable al legislador nacional – Infracción de la Constitución de un Estado miembro imputable al legislador nacional – Principios de equivalencia y de efectividad)
“Cuando el objeto de un recurso sea un acto ilícito, el demandante podrá solicitar que se declare su ilegalidad, que se ordene la cesación de dicho acto y, en su caso, que se adopten cualesquiera otras medidas previstas en el apartado 2 del artículo 31.
“Cuando se haya acordado la suspensión del procedimiento en uno o varios recursos de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 y una vez dictada sentencia firme en el procedimiento tramitado con carácter prioritario, el Secretario solicitará a los demandantes afectados por la suspensión que manifiesten, en el plazo de cinco días, si desean prorrogar los efectos de la sentencia, continuar el procedimiento suspendido o desistir del recurso.
Si se solicita la prórroga de los efectos de dicha sentencia, el juez o tribunal la concederá, salvo que se produzca el supuesto previsto en la letra b) del apartado 5 del artículo 110 o concurra alguna de las causas de inadmisibilidad del recurso previstas en el artículo 69 de esta ley.
En definitiva, la conciliación es obligatoria para los asuntos civiles, mercantiles y transfronterizos, lo que a su vez podría dar lugar a inconvenientes materiales ante la obligatoriedad de resolver los litigios, que a priori no reúnen los requisitos objetivos y procesales necesarios.
En la práctica, esto significa que las aseguradoras se enfrentarán a un nuevo paso previo entre la desestimación de la demanda y la reclamación que puedan recibir en disputa de esta desestimación. En palabras del Gobierno, el objetivo es romper “las dinámicas de confrontación y tensión que invaden las relaciones sociales en nuestro tiempo” para intentar que uno de cada cuatro procesos civiles se resuelva a través de la ADR. En función de la elección del demandante, existen diferentes tipos de ADR, entre ellos los acuerdos privados y el recurso a expertos independientes.
Una consecuencia importante de la ADR es que, a la hora de determinar si se imponen o no las costas, ganar o perder el litigio ya no será el factor más relevante. En su lugar, será relevante el comportamiento del litigante en relación con la ADR. En consecuencia, un litigante que acuda a los tribunales no podrá ser condenado en costas si hubiera podido obtener el mismo resultado en un acuerdo previo al juicio. En definitiva, este proyecto de ley sustituye el tradicional principio objetivo de caducidad en la imposición de costas por el principio de cooperación o actitud cooperativa.