Cuándo se legalizó el divorcio en España
cubre temas comunes en el derecho de familia – incluyendo: jurisdicción, divorcio, cohabitación, hijos, sustracción, reubicaciones, cuestiones transfronterizas, responsabilidad parental, alimentos para los hijos y acuerdos matrimoniales.
España es parte del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000, conocido como “Reglamento Bruselas II bis”. Este Reglamento regula actualmente el Derecho Internacional Privado español relativo a la competencia judicial internacional en materia de divorcio y se aplican los criterios de competencia establecidos en el artículo 3 del Reglamento. La Ley del Poder Judicial español fue reformada en 2015, en lo que respecta a la competencia judicial internacional, y su artículo 22 quáter c) adopta los mismos criterios de competencia que el artículo 3 del Reglamento.
El artículo 8 del “Reglamento Bruselas II bis” establece que los tribunales del Estado miembro en el que el menor tenga su residencia habitual en el momento en que se presente la demanda, serán competentes a nivel internacional para conocer de la responsabilidad parental y del régimen de guarda de los hijos. La Ley española del Poder Judicial ha sido reformada y su artículo 22 quáter d) responde a los motivos de competencia previstos en el artículo 8 del Reglamento.
No es necesario alegar ninguna razón para obtener el divorcio en España. Sólo se requiere la petición de uno de los cónyuges. Los no españoles pueden obtener el divorcio en España si ellos o su cónyuge son residentes españoles. Por lo tanto, deben estar en el Padrón o lista electoral. O tienen la nacionalidad española, o sus hijos viven en España. En un divorcio contencioso, ambas partes deben residir en España o aceptar la jurisdicción española.
Los padres divorciados siguen manteniendo sus obligaciones con respecto a sus hijos. Los tribunales españoles suelen conceder una pensión alimenticia sólo cuando uno de los cónyuges se ve claramente perjudicado económicamente como consecuencia del divorcio. Un ejemplo típico sería cuando uno de los cónyuges ha renunciado a su carrera para cuidar de los hijos. La pensión alimenticia varía, pero generalmente oscila entre el 15 y el 40 por ciento de los ingresos más altos.
Cuando se trata de niños pequeños, la custodia se otorga a la madre en la mayoría de los casos. A menos que haya factores que demuestren que esto no sería lo mejor para el niño. En los últimos años, los tribunales han prestado más atención a la posibilidad de conceder la custodia compartida. Si la pareja acuerda compartir los derechos de visita, el juez lo tendrá en cuenta. En cuanto a la división de los bienes, las normas se ven afectadas por el lugar donde vive la pareja (qué región).
Tenga en cuenta que es posible que uno de los miembros de la pareja regrese a su país, y solicite también allí la demanda de divorcio (después de que el cónyuge en España haya hecho lo mismo aquí). ¿Qué país gestionará oficialmente el proceso? La respuesta es sencilla: el tribunal que haya recibido primero la demanda.
Si te divorciaste en cualquier otro país de la UE antes de trasladarte a territorio español, España reconocerá automáticamente ese divorcio (sin necesidad de formalizar ningún paso extra). Y es que España aceptó formar parte del Convenio de La Haya para matrimonios.
Son realmente fáciles de cumplir y sencillos. Y eso es porque la ley española es hoy en día sin culpa. Aunque hace años era algo obligatorio, hoy en día no es necesario aportar ningún motivo o justificación para divorciarse.
Este tipo de divorcio puede ser decretado por el juez aunque sólo uno de los miembros de la pareja lo solicite. De hecho, sólo uno de los dos miembros del matrimonio presentará el divorcio en este caso.