Calculadora fiscal de Luxemburgo
Toda persona que asiste a su cónyuge o pareja en el ejercicio de una actividad autónoma debe estar inscrita en la seguridad social como cónyuge colaborador (conjoint-aidant) para obtener la cobertura de la seguridad social.
Para inscribirse en la Seguridad Social, el cónyuge colaborador o el asegurado principal debe presentar un formulario de inscripción de cónyuge colaborador en el Centro Común de la Seguridad Social (CCSS).
En este caso, el cónyuge colaborador no recibirá prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo, enfermedad o maternidad. Tampoco se beneficiará del seguro de dependencia. Asimismo, el riesgo de pensión no está asegurado.
Los autónomos pueden afiliarse voluntariamente a la Mutua Patronal para estar asegurados contra la pérdida de ingresos en caso de enfermedad. El cónyuge colaborador también está afiliado automáticamente.
El pasado mes de enero, Andorra inició los trámites para obtener la adhesión al Fondo Monetario Internacional. El ingreso en este organismo dotará al Principado de solvencia internacional, lo que a su vez…
Si está pensando en cambiar su país de residencia habitual y venir a vivir a Andorra, es muy probable que ya haya tenido en cuenta toda una serie de ventajas, como el idioma, la calidad de vida, la menor presión fiscal, el alto nivel de los colegios públicos, la calidad del sistema sanitario, la seguridad, etc. Un aspecto que resulta especialmente interesante para quienes planean trasladarse de forma permanente o temporal a Andorra es el acuerdo que existe actualmente entre la Seguridad Social andorrana (CASS – Caixa Andorrana de Seguretat Social) y su país de origen, en cuanto a la cobertura de la seguridad social, el pago de las cotizaciones y las prestaciones de jubilación.
En este artículo, le explicaremos de forma clara y sencilla las principales preocupaciones que sin duda querrá resolver antes de tomar la decisión de trasladarse a Andorra. No dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita información más detallada.
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Las propuestas representan una reforma fundamental y una modernización del derecho de sociedades británico, y pondrían al Reino Unido en consonancia con unos 50 países y jurisdicciones que también tienen regímenes de redomiciliación (entre ellos Australia, Bélgica, las Islas Vírgenes Británicas (BVI), Canadá, Guernsey, Hong Kong, Jersey, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Singapur y varios estados de los Estados Unidos).
Las propuestas del Gobierno se centran principalmente en la redomiciliación interna, que permite a las empresas constituidas fuera del Reino Unido volver a domiciliarse en el país, aunque la consulta pedía opiniones sobre un posible régimen de redomiciliación externa. Sin embargo, la consulta señaló, con referencia en particular a Singapur, que no todas las jurisdicciones que ofrecen un régimen de redomiciliación interna también ofrecen uno de redomiciliación externa.
Actualmente no es posible que una empresa se redomicilie en el Reino Unido[1]. En la práctica, la aproximación más cercana a la redomiciliación es la transferencia de activos y pasivos a una sociedad recién constituida, pero no es posible mantener la misma identidad corporativa. La posibilidad de mantener la personalidad corporativa puede resultar muy atractiva ya que, por ejemplo, no es necesario enajenar y readquirir activos. Además de las ventajas de simplicidad que ofrece un proceso administrativo estandarizado, la redomiciliación puede permitir eludir cuestiones comerciales que de otro modo serían complejas (por ejemplo, cuando la enajenación de un activo está prohibida o requiere un consentimiento que puede no ser fácil de obtener).