El crimen del caos
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El concepto de “bajeza moral” puede escapar a una definición precisa, pero se ha descrito como un “acto de bajeza, vileza o depravación en los deberes privados y sociales que un hombre debe a sus semejantes, o a la sociedad en general, contrario a la norma aceptada y habitual del derecho y el deber entre hombre y hombre”[3].
La calificación de un delito u otra conducta como constitutiva de vileza moral tiene importancia en varios ámbitos del derecho. En primer lugar, se considera que una condena previa por un delito de vileza moral (o en algunas jurisdicciones, “conducta de vileza moral”, incluso sin condena) tiene relación con la honestidad de un testigo y podría utilizarse a efectos de impugnación de testigos[4]. En segundo lugar, los delitos que implican vileza moral pueden ser motivo para denegar o revocar licencias profesionales estatales, como las credenciales de enseñanza o la denegación de una solicitud de licencia de notario público[5] para ejercer la abogacía,[6] u otra profesión autorizada. En tercer lugar, el concepto es relevante en el derecho contractual, ya que los contratos de trabajo y los acuerdos de patrocinio a menudo contienen una cláusula de vileza moral que permite al patrocinador rescindir un contrato sin penalización si el empleado o patrocinado comete un acto de vileza moral. El tipo de actos que constituyen “vileza moral” puede variar mucho dependiendo de la situación y de los términos exactos del contrato, pero la cláusula se invoca a menudo en casos que implican un comportamiento claramente no delictivo y/o acusaciones para las que no hay pruebas suficientes para una condena (suponiendo que el supuesto acto sea incluso un delito). En cuarto lugar, este concepto es de gran importancia a efectos de inmigración en Estados Unidos, Canadá (antes de 1976) y algunos otros países, ya que los delitos definidos como casos de vileza moral se consideran impedimentos para la inmigración a Estados Unidos[7].
La ley y la ética están claramente relacionadas, ya que ambas reflejan valores y guían el comportamiento, pero no son lo mismo. En ocasiones, la ley parece permitir un comportamiento poco ético y perjudicial, mientras que en otras ocasiones las leyes defectuosas pueden plantear la cuestión de si las personas deben cumplirlas en absoluto. La integridad plantea otras cuestiones; es un objetivo que merece la pena, pero ¿puede alcanzarse de forma realista? El objetivo principal de este módulo es dotar a los alumnos de las ideas necesarias para evaluar de forma crítica las cuestiones derivadas de la interacción entre la integridad, la ética y el derecho.
Tal y como se utiliza en este Módulo, la ética se entiende como un sistema de principios que guían la forma en que las personas toman decisiones y conducen sus vidas. En contraste con la ética, la integridad se entiende como una aplicación coherente de los principios éticos, en particular la honestidad. Estos conceptos se discuten ampliamente en el Módulo 1 de la presente serie de módulos, que se aconseja a los profesores que repasen para preparar este Módulo. En el Módulo 1 (Integridad y ética: introducción y marco conceptual), la ética se define como “el intento de llegar a una comprensión de la naturaleza de los valores humanos, de cómo debemos vivir y de lo que constituye una conducta correcta” (Norman, 1998, p. 1). El módulo 1 se refiere a la integridad como “la coherencia entre las creencias, las decisiones y las acciones, y la adhesión continua a los valores y los principios” (Malan, 2007, p. 278). A diferencia de la integridad y la ética, el derecho es un sistema de normas reconocidas por la sociedad y aplicadas mediante algún tipo de sanción.
El respeto a la integridad de la persona exige que los Estados protejan el derecho a la vida y respeten la prohibición de la tortura y los malos tratos. Ambos derechos se tratan en esta sección. El derecho a la integridad es de suma importancia. Esto se refleja en el hecho de que, a diferencia de otros derechos que contienen cláusulas que permiten su restricción por motivos como la necesidad de mantener el orden público, nunca es posible justificar las restricciones a estos derechos. Un segundo atributo importante de los derechos a la integridad es que no pueden ser derogados en tiempos de emergencia pública.
El derecho a la vida se considera un derecho humano fundamental porque, sin él, el disfrute de todos los demás derechos y libertades establecidos en los convenios internacionales de derechos humanos sería nugatorio; no puede haber derechos si no hay vida.
Dada la importancia fundamental del derecho a la vida para la protección de los derechos humanos, en la mayoría de los instrumentos de derechos humanos el derecho a la vida es un derecho supremo que no admite excepciones, ni siquiera en caso de emergencia pública que amenace la vida de la nación (véase el artículo 4(2) del PIDCP, el artículo 15(2) del CEDH y el artículo 27(2) de la CADH).