¿Puede un caso civil convertirse en penal?
Hay muchas diferencias, pero en resumen el fraude civil es perseguido por la(s) víctima(s) mediante una acción privada en los tribunales civiles para buscar la recuperación de las sumas/activos que han sido tomados y/o el pago de una compensación/daños a la(s) víctima(s). La decisión en un juicio civil la tomará un juez.
El fraude penal es un delito que será perseguido por las autoridades fiscales (si las autoridades fiscales no están dispuestas a iniciar un proceso, en determinadas circunstancias un individuo o una entidad puede presentar una acusación privada ante los tribunales penales contra un acusado (y con respecto a otros delitos)). En los tribunales penales (Magistrates’ Court o Crown Court) con las sanciones que probablemente sean una multa y/o prisión. La decisión en un juicio penal la tomará un jurado.
Dependiendo del delito por el que se condene al acusado, del tribunal en el que se le condene y del valor del fraude, un juez penal puede imponer una pena de prisión de hasta 10 años y/o una multa ilimitada.
En las jurisdicciones de derecho consuetudinario, el fraude es un delito civil. Aunque las definiciones precisas y los requisitos de prueba varían entre las jurisdicciones, los elementos requeridos del fraude como agravio suelen ser la tergiversación u ocultación intencionada de un hecho importante en el que la víctima debe confiar, y de hecho lo hace, en perjuicio de la víctima[3] Se suele decir que probar el fraude en un tribunal es difícil, ya que la intención de defraudar es el elemento clave en cuestión[4] Como tal, probar el fraude conlleva una “mayor carga probatoria que otras demandas civiles”. Esta dificultad se ve agravada por el hecho de que algunas jurisdicciones exigen que la víctima pruebe el fraude mediante pruebas claras y convincentes[5].
Los recursos por fraude pueden incluir la rescisión (es decir, la anulación) de un acuerdo o transacción obtenidos fraudulentamente, la recuperación de una indemnización monetaria para compensar el daño causado, daños punitivos para castigar o disuadir la mala conducta, y posiblemente otros[6].
En los casos de un contrato inducido de forma fraudulenta, el fraude puede servir como defensa en una acción civil por incumplimiento de contrato o cumplimiento específico de contrato. Del mismo modo, el fraude puede servir como base para que un tribunal invoque su jurisdicción equitativa.
Texto en lengua inglesa del Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, hecho en Bruselas el 26 de julio de 1995
Texto en lengua irlandesa del Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, hecho en Bruselas el 26 de julio de 1995
Texto en lengua inglesa del Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea al Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, hecho en Bruselas el 27 de septiembre de 1996
Texto en lengua irlandesa del Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea al Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, hecho en Bruselas el 27 de septiembre de 1996
Texto en lengua inglesa del Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la interpretación, con carácter prejudicial, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, hecho en Bruselas el 29 de noviembre de 1996