Lese majesty
It was the Romans who first outlawed this behaviour. At first the crime was defined as a violation of fundamental Roman laws. However, when the Roman Empire replaced the republic, the crime evolved into an offence against the emperor himself, although applied more to acts of treason.
Sticks and stones may break bones, but words can land you in prison and/or with a hefty fine in different countries. Here’s a breakdown of where you have to bite your tongue or face the consequences:
In Poland not only can you be charged for insulting your own leader, but visiting dignitaries are afforded the same protection from slander. In 2005 police arrested 28 protesters demonstrating against the visit of Russian President Vladimir Putin under Article 136 of Polish criminal law.
In the country which holds massive street parties to celebrate the Queen’s birthday, insulting the monarchy can carry a sentence of up to five years and a fine. In 2007 a 47-year-old man was fined €400 for calling the queen a ‘whore’.
El 28 de octubre de 2021, el Tribunal Constitucional de Bélgica dictaminó que una ley de 1847 que penalizaba el insulto al monarca con una multa o una pena de prisión viola el derecho a la libertad de expresión garantizado por la Constitución belga y el Convenio Europeo de Derechos Humanos[6]. Se presentará una propuesta de derogación de la ley de 1847 en el Parlamento[7].
En Dinamarca, el monarca está protegido por el apartado habitual de difamación (artículo 267 del Código Penal danés, que permite hasta cuatro meses de prisión), pero el artículo 115 permite duplicar la pena habitual cuando el monarca reinante es el objetivo de la difamación. Cuando el objetivo es la reina consorte, la reina viuda o el príncipe heredero, la pena puede incrementarse en un 50%[8] No hay registros históricos de que el §115 se haya utilizado alguna vez, pero en marzo de 2011, los activistas de Greenpeace que desplegaron una pancarta en una cena de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2009 fueron acusados en virtud de este artículo[9] y recibieron condenas menores por otros delitos, pero fueron absueltos de la acusación relativa a la monarca[10].
Lo más razonable sería que el fiscal no presentara ninguna acusación y reconociera que la libertad de expresión es un derecho básico que permite criticar a la Corona. Sin embargo, los precedentes existentes dejan poco espacio para el optimismo. No olvidemos que, gracias a esos mismos artículos del Código Penal, se ha condenado a cantantes y revistas satíricas como El Jueves han visto cómo se les incautaban números en un juzgado. En la actualidad, la legislación española permite hacer intocable a una persona o a un grupo de personas, una práctica de la Edad Media que está completamente fuera de lugar en la Europa actual. En cambio, los líderes políticos que han sido elegidos por cientos de miles de votantes no tienen derecho a realizar ninguna crítica pública contra la monarquía sin temor a ser investigados por la Fiscalía. ¿Qué clase de democracia es ésta?
En definitiva, este episodio evidencia la extrema vulnerabilidad de la monarquía española actual, una institución sospechosa, desprestigiada y que prefiere utilizar un tribunal de justicia para defenderse con tal de no tener que rendir cuentas. No es casualidad que la causa contra el ex rey Juan Carlos se iniciara en Suiza. Por cierto, nada de esto sería sustancial si el PSOE hubiera aceptado modificar los artículos correspondientes del Código Penal (junto con los que sancionan las injurias a España o la falta de respeto a las creencias religiosas de alguien), adecuándolo a la legislación europea, como defendía Pedro Sánchez antes de ser presidente del Gobierno. No es sólo que esos artículos sean antiguos y obsoletos: son antidemocráticos.