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Delito de omisión del deber de socorro

Ejemplo de omisión

Las omisiones de los individuos no suelen estar tipificadas como delito en el derecho penal inglés, salvo en muchos casos de asunción de un deber de cuidado, de responsabilidad contractual o de creación claramente negligente de un peligro. Muchas jurisdicciones comparables imponen a los extraños un deber general de salvamento[1], lo que no ocurre en el Derecho inglés. Los defensores y razonadores de la posición consideran que es un error que el derecho penal castigue a las personas en muchas circunstancias por no cometer ningún acto físico, lo que se argumenta que sería una infracción de la autonomía humana[2] Los académicos que defienden la reforma sostienen que debería existir una responsabilidad social de ayudar a los demás, especialmente cuando no hubiera peligro para el rescatador[3].

La responsabilidad por omisión existe desde hace tiempo cuando puede establecerse un deber preexistente entre dos partes. Por ejemplo, cuando una persona provoca accidentalmente un pequeño incendio en un piso, tiene el deber de tomar medidas razonables para extinguirlo o pedir ayuda[4] Existe un deber especial, la responsabilidad parental, entre los padres/tutores y sus hijos, y la omisión de éstos de hacer todo lo posible para salvar a su hijo pequeño de un ahogamiento daría lugar a una responsabilidad penal, ya que se considera que dicha persona (y las personas in loco parentis) deben garantizar el bienestar del niño[5] Otros deberes pueden deducirse de las obligaciones contractuales. Un ejemplo de esto que se ha puesto a prueba en un tribunal es la responsabilidad de cualquier persona empleada para garantizar que las personas no crucen un paso a nivel sobre una vía activa, cuando se abandona dicho puesto[6].

El deber de socorro es un concepto del derecho de daños que se plantea en varios casos y que describe una circunstancia en la que una parte puede ser considerada responsable por no acudir al rescate de otra parte que podría sufrir lesiones o la muerte sin ser rescatada. En los sistemas de derecho consuetudinario, rara vez se formaliza en estatutos que hagan recaer la pena de la ley sobre los que no rescatan. Esto no obvia necesariamente el deber moral de rescatar: aunque la ley es vinculante y conlleva sanciones autorizadas por el gobierno y penas civiles concedidas, también existen argumentos éticos independientes para el deber de rescatar incluso cuando la ley no castiga la falta de rescate.

En el derecho consuetudinario de la mayoría de los países de habla inglesa, no existe un deber general de acudir al rescate de otra persona[1]. En general, no se puede responsabilizar a una persona por no hacer nada mientras otra está en peligro[2][3]. Sin embargo, dicho deber puede surgir en dos situaciones:

Cuando surge un deber de rescate, el rescatador debe actuar generalmente con un cuidado razonable, y puede ser considerado responsable de las lesiones causadas por un intento de rescate imprudente. Sin embargo, muchos estados han limitado o eliminado la responsabilidad de los rescatadores en tales circunstancias, especialmente cuando el rescatador es un trabajador de emergencias. Además, no es necesario que los rescatadores se pongan en peligro a sí mismos al realizar el rescate.

En casi todas las jurisdicciones de Estados Unidos, un nadador experto de 1,80 metros de altura que se sienta al lado de una piscina de 1,50 metros y disfruta de corazón viendo cómo se ahoga un niño de 1,50 metros no está cometiendo ningún delito por su omisión (suponiendo que no sea el socorrista, claro). El razonamiento habitual detrás de esto es que la gente debe ser castigada sólo por añadir deliberadamente a la miseria humana, no por ser indiferente hacia ella. Además, en muchas situaciones en las que socorrer a otra persona puede poner en peligro al socorrista, es demasiado difícil determinar en qué momento exacto el riesgo para el socorrista es demasiado grande para incurrir en responsabilidad penal.

Sin embargo, cuando la ley exige específicamente la actuación de un ciudadano, no basta con decir “no he hecho ningún daño”. En este caso, se hace un daño a la sociedad al no actuar (de la manera adecuada, en cualquier caso). No pagar los impuestos, la manutención de los hijos y la pensión alimenticia son algunos ejemplos reconocibles de omisión como actus reus.

A veces, un pariente cercano de la víctima puede ser considerado responsable de la muerte de ésta si no actuó. Si un padre observa cómo se ahoga su hijo en una piscina poco profunda y no hace nada, puede ser culpable de homicidio por la responsabilidad que tiene sobre la vida de su hijo. Del mismo modo, una madre puede ser penalmente responsable de la muerte de su hijo si no administra o procura un tratamiento médico a sabiendas de que esa omisión provocará la muerte.