Deber de rescate
Nota marginal:Intimidación del Parlamento o de la legislatura51 Todo aquel que realice un acto de violencia con el fin de intimidar al Parlamento o a la legislatura de una provincia es culpable de un delito grave y puede ser condenado a una pena de prisión de hasta catorce años.
Nota marginal:Asistencia a un desertor54 Toda persona que ayude, asista, acoja o encubra a una persona que sabe que es un desertor o un ausente sin permiso de las Fuerzas Canadienses es culpable de un delito punible en sentencia sumaria, pero no se iniciará ningún procedimiento en virtud de este artículo sin el consentimiento del Fiscal General de Canadá.
Nota marginal: Pruebas de actos manifiestos55 En los procedimientos por un delito contra cualquier disposición del artículo 47 o de los artículos 50 a 53, las pruebas de un acto manifiesto no son admisibles a menos que ese acto manifiesto esté establecido en la acusación o a menos que las pruebas sean pertinentes para probar un acto manifiesto que esté establecido en la acusación.
Este ensayo pretende analizar críticamente el lugar que ocupan las omisiones en el derecho penal, que tradicionalmente se ha centrado principalmente en los actos de comisión que causan un daño a otro. Sin embargo, en determinadas circunstancias, puede penalizar un acto de omisión, que es “algo que no se hace en circunstancias en las que hay alguna razón o expectativa de que esa cosa se haga”[1] Este ensayo pretende evaluar las circunstancias en las que la justicia tiene esa expectativa. En general, el derecho común impone este deber de actuar en cuatro circunstancias específicas: cuando el acusado es un funcionario público, tiene una relación familiar con la víctima, asumió voluntariamente la responsabilidad de la víctima o creó el peligro para la víctima[2] En todas las demás circunstancias, generalmente no existe el deber de actuar, incluso cuando sería moralmente reprobable no hacerlo. Por ejemplo, una persona sana que no intenta salvar a un bebé que se está ahogando no es un asesino a los ojos de la ley. En otras jurisdicciones se ha intentado imponer el deber de ayudar a los demás en forma de leyes del “buen samaritano”. Este ensayo también examinará su aplicación en las jurisdicciones continentales.
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En el derecho penal, en el common law, no existía un deber general de cuidado hacia los conciudadanos. El punto de vista tradicional se resumía en el ejemplo de ver a una persona ahogarse en aguas poco profundas y no hacer ningún esfuerzo de rescate, donde los comentaristas tomaron prestada la frase: “No matarás, pero no necesitas esforzarte, oficiosamente, para mantener a otro con vida”. (Arthur Hugh Clough (1819-1861)) en apoyo de la propuesta de que la falta de actuación no conlleva responsabilidad penal. No obstante, tales omisiones pueden ser moralmente indefendibles y, por ello, tanto los legisladores como los tribunales han impuesto la responsabilidad cuando la omisión es lo suficientemente censurable como para justificar la penalización. Por ello, algunos estatutos establecen explícitamente que el actus reus consiste en cualquier “acción u omisión” relevante, o utilizan una palabra que puede incluir ambas. Por lo tanto, la palabra “causar” puede ser tanto positiva, en el sentido de que el acusado haya lesionado a la víctima de forma proactiva, como negativa, en el sentido de que el acusado no haya actuado intencionadamente a sabiendas de que esta omisión causaría la lesión pertinente. En los tribunales, la tendencia ha sido utilizar pruebas objetivas para determinar si, en circunstancias en las que no habría habido riesgo para la salud o el bienestar del acusado, éste debería haber actuado para evitar que una víctima concreta o una de una clase de víctimas potenciales sufriera una lesión previsible[1].