Convenio de Estambul
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WCAG 2.0 contiene 12 directrices organizadas en 4 principios: Perceptible, Operable, Comprensible y Robusto (POUR, por sus siglas en inglés). Para cada directriz existen criterios de éxito comprobables. El cumplimiento de estos criterios se mide en tres niveles: A, AA o AAA. Una guía para entender y aplicar las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 2.0 está disponible en: https://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/
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Las asociaciones de mujeres españolas han reclamado una ley integral contra la violencia de género desde 1993 [1], entre 1994 y 1998, las asociaciones de mujeres lucharon por conseguir una ley sobre las órdenes de alejamiento de los hombres violentos, y la protección de las mujeres y niños víctimas de la violencia doméstica.
La reivindicación de una ley integral contra la violencia de género, fue continua, se realizaron varias campañas hasta finales de 1998, cuando el Partido Socialista asumió el reto, e invitó a dichas asociaciones a elaborar el primer proyecto de ley contra la violencia de género, presentado en el Parlamento por el Grupo Parlamentario Socialista el 16 de diciembre de 2001. Se realizó una votación para aceptar la propuesta, que finalmente fue rechazada por los votos del gobernante Partido Popular.
Al ser rechazada la propuesta, el Secretario General del Partido Socialista D. José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a que la primera ley de su gobierno fuera una ley compresiva contra la violencia de género.
Un Daphne “Proteger” promovido por la Asociación de Mujeres Juristas Themis, con socios Deutscher Juristinnenbund (DJB) y Associaçao Portuguesa de Muheres Juristas, LEFO de Austria y la Fundación La Strada de Polonia, elaboró la “Guía de prácticas de bienes y usos forenses para combatir la violencia de género en Europa” y propuso una ley compresiva.
En las décadas de 1990 y 2000, la presión de los movimientos feministas y sus aliados consiguió que decenas de Estados reformaran sus leyes para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, incluso en los estados con una legislación progresista, las activistas se enfrentan a retos para inducir a los ciudadanos a cumplir la ley, obligar a las autoridades estatales a hacerla cumplir y garantizar la asignación adecuada de recursos para los servicios de apoyo social. En este ensayo, hacemos un balance de los avances legislativos relacionados con la violencia contra la mujer en todo el mundo, centrándonos en la variación de los enfoques hacia la violencia de pareja y el acoso sexual. Analizamos los esfuerzos para alinear el comportamiento con la legislación progresista, y terminamos con un debate sobre el equilibrio que los activistas deben alcanzar entre la lucha agresiva contra la VCM con las dimensiones de apoyo carcelario y social del poder del Estado, al tiempo que se ejerce cierta moderación para evitar los efectos potencialmente contraproducentes de la acción estatal.
Mala Htun es profesora de Ciencias Políticas, subdirectora y coinvestigadora principal de ADVANCE en la UNM, y asesora especial para la inclusión y el clima en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Nuevo México. Es autora de The Logics of Gender Justice: State Action on Women’s Rights around the World (con S. Laurel Weldon, 2018), Inclusion without Representation: Cuotas de género y reservas étnicas en América Latina (2016), y Sexo y Estado: Aborto, divorcio y familia en las dictaduras y democracias latinoamericanas (2003).