Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
En el año 2000, el Fondo respondió a los llamamientos de la comunidad internacional para que ampliara su labor en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de dinero (ALD) en general y en relación con el abuso de los Centros Financieros Offshore (CFO) en particular, iniciando un programa de evaluación de los CFO y estudiando la forma de incorporar la labor de ALD a sus actividades, especialmente la supervisión en virtud del Artículo IV y el recién creado Programa de Evaluación del Sector Financiero (PESF). 1 Los trabajos de elaboración de un módulo de Informe sobre Normas y Códigos (IOCN) en materia de ALD estaban en curso cuando los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 intensificaron los esfuerzos y ampliaron su alcance para incluir la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT). En aproximadamente un año, el Fondo ya estaba trabajando activamente en la evaluación del cumplimiento por parte de los países miembros de la norma internacional elaborada (y posteriormente revisada a fondo) por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), así como en la prestación de asistencia técnica sobre cómo mejorar los regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta experiencia preliminar fue evaluada favorablemente por el Directorio, que en marzo de 2004 decidió incorporar las evaluaciones de ALD/CFT y la asistencia técnica en materia de ALD/CFT a la labor ordinaria del Fondo y seguir haciendo que las evaluaciones de ALD/CFT sean un ROSC obligatorio en cada evaluación del PESF y de los CFE.
Cuando una actividad delictiva genera beneficios considerables, el individuo o grupo implicado debe encontrar una forma de controlar los fondos sin llamar la atención sobre la actividad subyacente o las personas implicadas. Los delincuentes lo consiguen disfrazando las fuentes, cambiando la forma o trasladando los fondos a un lugar donde sea menos probable que llamen la atención.
En respuesta a la creciente preocupación por el blanqueo de capitales, el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) fue creado por la Cumbre del G-7 celebrada en París en 1989 para desarrollar una respuesta internacional coordinada. Una de las primeras tareas del GAFI fue la elaboración de Recomendaciones, 40 en total, que establecen las medidas que deben adoptar los gobiernos nacionales para aplicar programas eficaces contra el blanqueo de capitales.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) realizó un estudio para determinar la magnitud de los fondos ilícitos generados por el narcotráfico y la delincuencia organizada e investigar en qué medida se blanquean estos fondos. El informe estima que, en 2009, el producto de la delincuencia ascendió al 3,6% del PIB mundial, y que el 2,7% (o 1,6 billones de dólares) se blanqueó.
El blanqueo de capitales es el proceso de ocultar el origen del dinero, obtenido de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la corrupción, la malversación o el juego, convirtiéndolo en una fuente legítima. Es un delito en muchas jurisdicciones con definiciones diversas. Suele ser una operación clave de la delincuencia organizada.
En la década de 1980, la guerra contra las drogas llevó a los gobiernos a recurrir de nuevo a las normas de blanqueo de capitales en un intento de rastrear e incautar las ganancias de los delitos de drogas para atrapar a los organizadores y a los individuos que dirigían los imperios de la droga. También tuvo la ventaja, desde el punto de vista de la aplicación de la ley, de poner “patas arriba” las normas sobre pruebas. Normalmente, las fuerzas del orden tienen que demostrar la culpabilidad de un individuo para confiscar sus bienes, pero con las leyes sobre el blanqueo de capitales se puede confiscar el dinero y es el individuo el que tiene que demostrar que la fuente de los fondos es legítima para recuperar el dinero[1], lo que facilita mucho las cosas a las fuerzas del orden y permite que la carga de la prueba sea mucho menor. Sin embargo, algunos organismos encargados de hacer cumplir la ley han abusado de este proceso para quedarse con el dinero sin pruebas sólidas de actividad delictiva relacionada, para utilizarlo para complementar sus propios presupuestos[cita requerida].